Gobierno proyecta verificar declaraciones juradas de bienes y agravar penas por falsear datos
Con la propuesta se busca, además, la renuncia voluntaria al secreto bancario por parte de las empresas que trabajen con el Estado y el establecimiento de cláusulas anticorrupción en los contratos.
El anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, presentado por el Gobierno la mañana de este lunes, propone la interconexión y digitalización de las diferentes bases de datos y sistemas de información del Estado para verificar la veracidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, así como penas más duras para quienes mientan u omitan datos en estos documentos.
“Las declaraciones juradas de bienes y rentas se han convertido en una especie de réplica constante, no se está actualizando esta información. Es por eso que uno de los módulos de Sistema de Riesgos tiene que ver con la verificación en línea de la declaración jurada”, indicó la viceministra de Transparencia, Julia Susana Ríos.
La viceministra explicó que a través del Sistema de Riesgos se podrá verificar la información contenida en las declaraciones juradas de manera integral.
“Esta información se genera a partir de diferentes registros de Derechos Reales, el registro de propiedad de vehículos, el registro de nuestros vínculos familiares. Toda esta información va a pasar por un sistema interoperable de verificación que nos va a permitir establecer asimetrías, establecer observaciones y poder comunicarlas a las máximas autoridades para que puedan tomar acciones correctivas oportunas”, expresó Ríos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el anteproyecto de ley propone agravar las penas de privación de libertad por el delito de falsedad de declaración jurada, ello con el propósito de reducir la cantidad de servidores públicos que incurran en ese delito.
Otra de las propuestas del anteproyecto es incorporar al Código de Procedimiento Penal la prohibición temporal para el ejercicio de la función pública como una medida preventiva, personal y alternativa a la detención.
“La transparencia nos obliga a tener resultados eficientes en esta lucha, un acto de corrupción es un acto que le impide a nuestros niños tener una escuela, a los ciudadanos tener carreteras y tener una mejor salud y educación. El compromiso constitucional de este nuevo Estado Plurinacional, definitivamente, es la lucha contra la corrupción y la transparencia”, agregó Lima.
El ministro de Justicia explicó que el anteproyecto está compuesto de cuatro pilares: la digitalización e interoperabilidad de los sistemas de control del Estado, el establecimiento de clausulas anticorrupción en los contratos firmados con empresas privadas, la modificación del código penal y la renuncia voluntaria del secreto bancario para las empresas que busquen contratar con el Estado.
Con la propuesta se busca, además, la renuncia voluntaria al secreto bancario por parte de las empresas que trabajen con el Estado y el establecimiento de cláusulas anticorrupción en los contratos.
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